Inmigración · 6 de octubre de 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un nuevo golpe a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela. El 5 de octubre, el alto tribunal dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito de enero de 2026 que había declarado ilegal la terminación del programa, y devolvió el caso a esa corte de apelaciones para que lo reconsidere.
La decisión se tomó mediante una orden conocida como “Grant, Vacate and Remand” (conceder, anular y reenviar), que no resuelve el fondo del asunto pero ordena revisar el caso a la luz de un precedente reciente. La medida afecta a cientos de miles de venezolanos: unas 348.000 personas amparadas bajo la designación de 2023 y cerca de 268.000 bajo la de 2021. Los últimos permisos de trabajo de este grupo vencieron el 2 de octubre.
El juez Samuel Alito señaló que el lenguaje de la ley que limita la revisión judicial de las terminaciones del TPS “es claro, y su significado es muy amplio”. La orden no registró votos en contra, y los abogados de los beneficiarios indicaron que no se opusieron al reenvío, aunque advirtieron que la incertidumbre deja a muchas familias expuestas a la deportación.
Aunque la mayor concentración de venezolanos con TPS vive en Florida y Texas, el oeste de Carolina del Norte también alberga a familias que llegaron huyendo de la crisis y que ahora enfrentan la pérdida de su permiso para trabajar y del resguardo frente a la deportación. La decisión genera temor e incertidumbre sobre el futuro inmediato de empleos, viviendas y la estabilidad de los hogares.
Las organizaciones de defensa recomiendan a las personas afectadas mantener sus documentos en orden y buscar asesoría confiable antes de tomar decisiones.
Esta nota es de carácter informativo y no constituye asesoría legal. Se recomienda consultar a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida antes de actuar en su caso particular.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: The Rio Times.
