Inmigración · 8 de septiembre de 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a reanudar las detenciones migratorias en el área de Los Ángeles utilizando factores como la raza, el uso del español y el tipo de empleo como parte de su justificación. La decisión, tomada por 6 votos contra 3 en el caso Noem contra Vásquez Perdomo, se resolvió a través del llamado expediente de emergencia y dejó sin efecto una orden judicial de instancia inferior que frenaba las patrullas itinerantes de la agencia.
En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor señaló que el gobierno estaba deteniendo a personas con base en cuatro elementos: su aparente raza o etnia, si hablaban español o inglés con acento, el tipo de lugar donde se encontraban (como un lavado de autos o una parada de autobús) y el tipo de trabajo que aparentaban realizar. Para la magistrada, esos criterios abren la puerta a detenciones basadas en la apariencia.
La resolución generó fuerte controversia. Organizaciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes advirtieron que el fallo, en la práctica, avala el perfil racial contra las comunidades latinas y expone a ciudadanos, residentes y personas con estatus legal a ser detenidos por su apariencia o por hablar español en público.
El caso se originó cuando una jueza federal había limitado los operativos sin orden judicial en el sur de California. Con esta intervención, el tribunal más alto del país revierte esa protección temporal mientras el litigio de fondo continúa en las cortes inferiores.
Aunque el fallo se refiere directamente a Los Ángeles, marca un precedente que preocupa a la comunidad latina de Asheville y del oeste de Carolina del Norte, donde muchas familias trabajan en la construcción, la agricultura, la limpieza y los restaurantes. Conocer los derechos ante una detención y contar con un plan familiar son medidas prácticas que las organizaciones locales recomiendan tener listas.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: UCLA Latino Policy & Politics Institute. Esta nota no constituye asesoría legal; para casos individuales, consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida por el Departamento de Justicia.
