Inmigración · 7 de octubre de 2026
Una corte federal del Distrito Sur de Nueva York anuló la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitía arrestar a personas migrantes dentro o cerca de los tribunales de inmigración cuando acudían a sus audiencias obligatorias. El fallo, emitido el 1 de octubre de 2026, tiene alcance nacional y entró en vigor de inmediato.
La demanda fue presentada por las organizaciones African Communities Together y The Door. El tribunal concluyó que la práctica era arbitraria y caprichosa según la Ley de Procedimiento Administrativo. El propio gobierno había admitido en marzo de 2026 que el memorando de 2025 en el que se apoyaba nunca autorizó, en realidad, los arrestos en los tribunales de inmigración.
En la práctica, la decisión significa que las personas podrán asistir a sus audiencias migratorias sin temor a ser detenidas al entrar o salir del tribunal, aunque el fallo contempla algunas excepciones limitadas en circunstancias específicas. Para los abogados que impulsaron el caso, el principio es sencillo: la gente debe poder presentarse a la corte, participar en su proceso y retirarse sin miedo.
El temor a los arrestos en los tribunales había llevado a muchos inmigrantes a faltar a sus citas, lo que podía derivar en órdenes de deportación dictadas en ausencia. Quitar ese miedo puede ayudar a que más personas cumplan con sus procesos y defiendan sus casos.
En Asheville y el oeste de Carolina del Norte, donde numerosas familias tienen casos migratorios abiertos, la noticia reduce una de las barreras que mantenían a la gente alejada de las cortes. Acudir a una audiencia es un paso clave para pedir asilo, renovar un estatus o pelear una deportación, y hacerlo sin miedo a una detención en la puerta del tribunal marca una diferencia real.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: ACLU.
Esta información es de carácter general y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es distinto: consulte a un abogado de inmigración o a una organización acreditada reconocida por el Departamento de Justicia antes de tomar decisiones.
