Política · 30 de septiembre de 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos analizará en su nuevo periodo, que arranca en octubre, una ley de Arizona que obliga a presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante. El caso, conocido como Comité Nacional Republicano contra Mi Familia Vota, podría tener consecuencias para el derecho al voto en todo el país.
La norma en disputa, aprobada en 2022, exige documentos que acrediten la ciudadanía al inscribirse con el formulario estatal. Quienes usan el formulario federal quedan limitados a votar solo en las elecciones presidenciales y al Congreso, no en las estatales ni locales. Una segunda disposición permite a las autoridades del condado investigar a votantes que, según su criterio, podrían no ser ciudadanos, algo que sus críticos consideran un trato desigual para las personas naturalizadas.
En febrero de 2025, un tribunal federal de apelaciones bloqueó la aplicación de esas medidas al concluir que violaban una ley nacional que obliga a los estados a aceptar el formulario federal de registro. La Corte Suprema aceptó el caso el 29 de junio de 2026 y tiene previstos los alegatos orales para este otoño.
Mi Familia Vota, organización dedicada a movilizar el voto latino, sostiene que la ley representa uno de los esfuerzos de supresión de votantes más agresivos de los últimos tiempos. Un estudio del Brennan Center estimó que más del 9 por ciento de los ciudadanos en edad de votar no tiene a la mano un documento que pruebe su ciudadanía, una proporción mayor entre las personas de color.
El desenlace importa a la comunidad latina porque una decisión favorable a Arizona podría abrir la puerta a que otros estados adopten requisitos similares, lo que afectaría sobre todo a votantes naturalizados y a familias de bajos ingresos que no siempre cuentan con esos documentos disponibles.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Cronkite News.
