Inmigración · 24 de septiembre de 2026
El pulso legal por las deportaciones a terceros países se intensificó esta semana. El 19 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito anuló la política del gobierno de Trump que permitía expulsar migrantes a naciones distintas de la suya, en el caso D.V.D. contra el Departamento de Seguridad Nacional. El tribunal determinó que a las personas se les debe dar más tiempo para plantear sus temores antes de ser enviadas a un tercer país y cuestionó la validez de los acuerdos del gobierno con las naciones receptoras.
Lejos de acatar el fallo, las autoridades migratorias buscaron continuar con las expulsiones. El 24 de septiembre, el Departamento de Justicia argumentó que la decisión aún no era vinculante porque el tribunal no había emitido su mandato formal. «Es la posición de ICE que, hasta que se emita el mandato, se puede seguir aplicando la política de terceros países», sostuvo un abogado del gobierno. Los abogados de inmigración replicaron que la resolución tenía efecto inmediato. En paralelo, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que respalde la política.
El caso que encendió las alarmas es el de un hombre peruano identificado como «John Doe», que llegó a Estados Unidos en 2023 y obtuvo protección bajo la Convención contra la Tortura en mayo de 2025. Pese a ello, ICE intentó enviarlo el 24 de septiembre a la República Centroafricana, un país que nunca había pisado, hasta que la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de Boston College intervino en su defensa.
Según la información disponible, más de 25.000 personas han sido expulsadas a terceros países durante el segundo mandato de Trump, con destinos como la República Centroafricana, Ghana y cerca de treinta naciones más, varias de ellas inestables. La República Centroafricana, que el Departamento de Estado describe en sus alertas de viaje por «disturbios, delincuencia, secuestros y minas terrestres», recibió migrantes en tres vuelos chárter de ICE entre el 12 de junio y el 28 de agosto.
Para las familias latinas del oeste de Carolina del Norte, este litigio no es abstracto. Muchos inmigrantes de Perú, Cuba y Centroamérica podrían quedar expuestos a ser enviados a países desconocidos si la política se mantiene, aun cuando tengan protecciones reconocidas. El caso subraya la importancia de conocer los propios derechos y de contar con asesoría legal antes de cualquier contacto con las autoridades migratorias.
Si usted o un familiar enfrenta un proceso migratorio, consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida antes de tomar decisiones; la información de este artículo es de carácter general y no constituye asesoría legal.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: The American Prospect. Si necesita ayuda, consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización especializada.
