Inmigración · 13 de septiembre de 2026
Una nueva regla de carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y cambiará la forma en que las autoridades evalúan a quienes solicitan la residencia permanente en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional publicó la norma final el 20 de julio, con la que deja sin efecto las regulaciones de 2022, y USCIS actualizó su Manual de Políticas el 18 de agosto para explicar cómo la aplicarán sus oficiales.
El cambio central es que se amplía la discreción de los oficiales, que volverán a hacer una revisión individualizada basada en la totalidad de las circunstancias de cada caso. Se eliminan los límites que la regla anterior imponía sobre qué beneficios y qué evidencia se podían tomar en cuenta.
Bajo el nuevo marco, la solicitud, aprobación o recepción de ciertos beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos podrá considerarse en el análisis, incluidos algunos que antes quedaban excluidos, como determinados casos de Medicaid, SNAP, CHIP y ayudas de alimentación y vivienda. Los oficiales también evaluarán la edad, la salud, la situación familiar, las finanzas, la educación, las habilidades y la declaración jurada de patrocinio del solicitante.
La regla se aplica a las solicitudes de admisión y a los trámites de ajuste de estatus enviados o con matasellos a partir del 18 de septiembre. Las solicitudes presentadas antes de esa fecha no se rigen por la nueva definición. El gobierno anunció además una versión revisada del Formulario I-485 para registrar la residencia permanente.
Para las familias inmigrantes de Asheville y del oeste de Carolina del Norte, la medida genera dudas sobre si conviene o no usar programas de asistencia a los que muchas veces tienen derecho, en especial para sus hijos. Conocer bien el alcance real de la norma es clave para no tomar decisiones apresuradas por miedo.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Antes de tomar cualquier decisión sobre beneficios públicos o trámites migratorios, se recomienda consultar con un abogado de inmigración acreditado o con una organización reconocida. Fuente: Joseph and Hall P.C..
