Inmigración · 10 de agosto de 2026
Un conjunto de leyes estatales aprobadas en el último año ha ampliado de forma notable la cooperación de Carolina del Norte con las autoridades federales de inmigración, y sus efectos ya se sienten en las comunidades latinas del estado. La más conocida es la HB 318, llamada Ley de Aplicación contra Extranjeros Criminales, que entró en vigor el 1 de octubre después de que la legislatura anulara el veto del gobernador.
La norma obliga a las cárceles locales a notificar a ICE antes de liberar a personas señaladas mediante órdenes de detención migratoria (detainers) y a retenerlas hasta 48 horas adicionales tras la fecha de su excarcelación. También amplía las verificaciones de estatus migratorio para quienes enfrentan cargos por delitos graves, ciertos delitos menores de violencia sexual o doméstica y casos de conducir bajo los efectos del alcohol.
A esto se suman disposiciones que dirigen a organismos estatales, como la Patrulla de Carreteras y la Oficina Estatal de Investigación, a participar en el programa 287(g), que entrena a agentes para indagar el estatus migratorio de las personas. Una legislación posterior puso fin a las llamadas políticas de «ciudad santuario» en todo el estado y abrió la puerta a demandas civiles contra los gobiernos locales que no cumplan con los pedidos de detención de ICE.
Organizaciones defensoras advierten que estas medidas generan temor y pueden alejar a las familias de servicios básicos, escuelas y tribunales. Para la comunidad latina del oeste de Carolina del Norte, entender qué exigen estas leyes es esencial para conocer sus derechos ante una detención o un contacto con la policía local, sobre todo en hogares de estatus mixto.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Se recomienda consultar a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida antes de tomar decisiones sobre su caso. Fuente: Enlace Latino NC.
