Inmigración · 19 de julio de 2026
El Departamento de Seguridad Nacional publicó una norma final que deroga la regulación sobre carga pública adoptada en 2022 durante la administración de Joe Biden. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que el cambio entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y modificará la forma en que los oficiales evalúan si una persona que solicita la residencia permanente o una visa podría depender del gobierno para su subsistencia.
La llamada carga pública es una causal de inadmisibilidad que existe desde hace más de un siglo en la ley migratoria estadounidense. La norma de 2022 había acotado el análisis a un conjunto reducido de beneficios, principalmente asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y cuidado institucional de largo plazo pagado por el gobierno. Con la derogación, los oficiales recuperan un margen más amplio de discreción para ponderar factores como la edad, la salud, la situación familiar, los activos, los recursos económicos y el nivel educativo del solicitante.
La medida ha generado inquietud entre organizaciones de defensa de inmigrantes, que advierten sobre el llamado efecto de enfriamiento: durante el primer periodo del presidente Donald Trump, cuando rigió una versión más estricta de esta política, muchas familias renunciaron a programas de salud y alimentación a los que tenían derecho por temor a que ello afectara sus trámites migratorios, incluso cuando esos beneficios eran para hijos ciudadanos estadounidenses.
Es importante distinguir entre lo que la norma establece y lo que circula en redes sociales. La regla no aplica de la misma manera a todas las categorías migratorias: hay grupos que están exentos por ley, como personas refugiadas y asiladas, y determinados beneficios no se consideran en el análisis. Cada caso depende de la categoría bajo la cual se solicita el beneficio y de las circunstancias particulares del solicitante.
Por qué importa aquí. En Asheville y en el condado de Buncombe hay familias de estatus mixto en las que hijos ciudadanos reciben Medicaid, WIC o asistencia alimentaria mientras uno o ambos padres tramitan la residencia. Antes de renunciar a cualquier beneficio público por miedo, conviene verificar cómo aplica la nueva norma a cada caso concreto. Este contenido es solo informativo y no constituye asesoría legal: consulte a un abogado de inmigración con licencia o a una organización acreditada ante el Departamento de Justicia antes de tomar decisiones sobre su trámite o sobre los beneficios que recibe su familia.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: USCIS.
