Negocios · 11 de septiembre de 2026
Una regla de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) exige que, para calificar a sus préstamos más populares, los programas 7(a) y 504, una empresa sea propiedad en un 100 por ciento de ciudadanos o nacionales de Estados Unidos con residencia principal en el país. Cualquier porcentaje de propiedad en manos de un no ciudadano deja al negocio sin acceso a ese financiamiento.
La medida, que entró en vigor el 1 de marzo de 2026, alcanza incluso a los residentes permanentes legales, es decir, a quienes tienen «green card», así como a titulares de visas y otros inmigrantes con estatus legal. Antes podían ser copropietarios de una empresa que solicitara un préstamo respaldado por la SBA; ahora quedan excluidos, junto con los programas de microcréditos y de fianzas.
La regla forma parte de un esfuerzo federal más amplio para endurecer los requisitos de acceso a beneficios y créditos públicos según el estatus migratorio. Grupos empresariales como Small Business Majority piden revertir la restricción, y en el Congreso se presentó una iniciativa para obligar a la SBA a repartir materiales que informen a dueños y empleados sobre sus derechos.
Los préstamos de la SBA suelen ofrecer tasas y plazos más accesibles que los de la banca tradicional, por lo que son una vía clave para abrir o hacer crecer un pequeño negocio.
En comunidades como la del oeste de Carolina del Norte, donde muchos restaurantes, tiendas y empresas de servicios fueron fundados por inmigrantes latinos, la nueva regla puede cerrar una puerta importante al capital y frenar proyectos que generan empleo local. Conviene que los emprendedores revisen su estructura de propiedad y busquen orientación sobre otras opciones de financiamiento.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: U.S. Small Business Administration.
