Política · 13 de julio de 2026
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, ha reavivado el debate sobre su costo y su verdadera utilidad para reducir la delincuencia. Varios análisis recientes ponen el foco en las cifras y en los resultados de estas operaciones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), de carácter no partidista, estimó que enviar 1.000 efectivos de la Guardia Nacional a una ciudad estadounidense cuesta entre 18 y 21 millones de dólares por mes, según la duración y las condiciones de la misión. Un estudio difundido este año calculó que el despliegue en Washington, D. C., costó a los contribuyentes más de 300 millones de dólares y no generó beneficios económicos que justificaran ese gasto.
La administración defiende estas medidas y sostiene que contribuyen a la seguridad. Funcionarios han señalado que, desde el inicio del despliegue en la capital, la tasa de delitos violentos bajó de manera notable. Sus críticos responden que la delincuencia ya venía cayendo en muchas ciudades antes de la llegada de las tropas, y que investigaciones sobre el tema indican que la presencia militar difícilmente produce las reducciones sostenidas que sí logra un trabajo policial focalizado.
Analistas también han observado que las tropas no siempre se envían a las ciudades con las tasas de criminalidad más altas, lo que alimenta las dudas sobre los criterios detrás de estos operativos. Entre las urbes mencionadas como posibles destinos o ya intervenidas figuran Washington, Chicago, Los Ángeles, Portland y otras grandes ciudades.
El asunto toca de cerca a la comunidad latina, ya que varias de las ciudades señaladas concentran poblaciones hispanas numerosas. La presencia de soldados en las calles genera inquietud sobre la relación entre las autoridades y los vecindarios de inmigrantes, y sobre el uso de fondos públicos que, según los críticos, podrían destinarse a otras necesidades de seguridad y servicios comunitarios.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
