Inmigración · 1 de octubre de 2026
A partir del 1 de octubre de 2026, el estado de Illinois eliminó la cobertura de Medicaid financiada con fondos federales para cerca de 9.300 inmigrantes que residen legalmente en el país, una cifra que según algunas estimaciones podría acercarse a 10.000 personas. La medida aplica una disposición de la ley conocida como H.R. 1, promulgada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025.
El recorte afecta a personas con presencia legal, entre ellas refugiados, asilados, beneficiarios de permisos humanitarios (como los programas para ucranianos y afganos), víctimas de trata, veteranos no ciudadanos y sus familias. Alrededor de la mitad de los residentes afectados en Illinois vive en el condado de Cook, lo que convierte a Chicago en el epicentro de la situación. Quedan protegidos los residentes permanentes legales tras el periodo de espera habitual, así como los menores de 19 años y las personas embarazadas.
Legisladores estatales explicaron que debieron incorporar estos cambios de elegibilidad para cumplir con la H.R. 1 y evitar poner en riesgo los fondos federales que sostienen todo el programa de Medicaid del estado. Proyecciones del Congreso calculan que la ley reducirá cerca de un 20 por ciento los fondos federales de Medicaid para Illinois, unos 48.000 millones de dólares a lo largo de una década.
Como alternativas inmediatas, las autoridades mencionaron el Medicaid de emergencia para crisis agudas, un programa estatal de ingresos limitados para solicitantes de asilo y víctimas de tortura, y la red de centros de salud comunitarios y clínicas gratuitas. A partir del 1 de enero de 2027, más de 700.000 adultos inscritos en la cobertura de la ley ACA en Illinois enfrentarán nuevos requisitos de trabajo y verificaciones de elegibilidad más frecuentes.
Aunque la decisión ocurre en Illinois, refleja una tendencia nacional derivada de la H.R. 1 que puede replicarse en otros estados y que inquieta a las familias inmigrantes de Carolina del Norte, donde muchos hogares dependen de programas públicos de salud o temen perder el acceso a la atención médica.
Las personas inmigrantes que tengan dudas sobre cómo estos cambios afectan su cobertura o su estatus deben consultar a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida de asistencia legal antes de tomar decisiones.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Latin Times.