Inmigración · 28 de septiembre de 2026
La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher, en Maryland, declaró el 25 de septiembre en desacato civil al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por violar órdenes judiciales de protección al deportar a un joven solicitante de asilo. La magistrada, nombrada durante el gobierno de Donald Trump, ordenó al gobierno gestionar el regreso del deportado.
El caso involucra a un salvadoreño de 19 años identificado en los documentos como E.L.A., integrante de un grupo amparado por un acuerdo judicial de 2024 que prohíbe la expulsión de antiguos menores no acompañados con solicitudes de asilo pendientes. Según el expediente, el joven perdió su marca de protección en los sistemas de ICE tras faltar a una cita de datos biométricos en 2025.
E.L.A. fue deportado el 7 de agosto, regresó de forma voluntaria y luego fue expulsado por segunda vez, lo que, de acuerdo con la jueza, vulneró tres órdenes distintas emitidas en noviembre de 2024, abril de 2025 y julio de 2026. Los documentos judiciales identificaron 107 expulsiones en total: 54 miembros confirmados del grupo protegido y otras 53 personas señaladas como posiblemente amparadas que no debían ser deportadas.
La resolución exige restaurar los documentos del joven y detener cualquier orden de expulsión en su contra. Ambas partes deben informar antes del 2 de octubre si E.L.A. desea regresar y presentar un plan de repatriación. El DHS argumentó que no puede obligar a la persona a aceptar la medida ordenada por la corte.
Para las familias inmigrantes del oeste de Carolina del Norte, el caso subraya que incluso quienes cuentan con protecciones legales pueden verse afectados por errores administrativos, y refuerza la importancia de mantener al día citas, expedientes y asesoría legal.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: The Rio Times.
Nota: esta información es de carácter general y no constituye asesoría legal. Si usted o un familiar enfrenta un proceso migratorio, consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).