Inmigración · 11 de septiembre de 2026
Una corte federal de apelaciones asestó este jueves un nuevo revés a la política de detención migratoria del gobierno de Donald Trump. En una decisión dividida (2 votos contra 1), la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que abarca Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Carolina del Sur y Virginia Occidental, resolvió que los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en el país tienen derecho a una audiencia de fianza mientras enfrentan un proceso de deportación, en lugar de permanecer bajo detención obligatoria.
La jueza Berner, autora de la opinión mayoritaria, advirtió que la interpretación del gobierno podría someter a millones de personas a la detención sin fianza y comparó esa práctica con algunos de los capítulos más oscuros de la historia del país, incluida la reclusión de casi 120.000 japoneses-estadounidenses en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. A su opinión se sumó la jueza Barbara Milano Keenan, mientras que la jueza Allison Jones Rushing, nombrada por Trump, disintió y sostuvo que la ley respalda la postura del gobierno.
El caso surgió de un cambio de política adoptado en 2025, que buscó ubicar a muchos inmigrantes indocumentados bajo una sección de la ley que exige su detención durante el proceso de expulsión. Los demandantes, Oscar Enrique López García y Juan José Rivera, habían vivido décadas en Estados Unidos antes de ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2025. El gobierno no alegó que representaran un peligro ni un riesgo de fuga, pero les negó inicialmente la audiencia de fianza.
El fallo profundiza una división entre las cortes de apelaciones del país. Según el propio tribunal, los circuitos Primero, Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo han llegado a conclusiones similares, mientras que el Quinto y el Octavo han respaldado la postura del gobierno. Esa fractura hace cada vez más probable que la Corte Suprema tenga que intervenir para dar una respuesta a nivel nacional.
Para las familias latinas del oeste de Carolina del Norte, la decisión tiene un peso directo: al pertenecer el estado al Cuarto Circuito, el criterio se aplica en la región y significa que muchas personas detenidas con arraigo de años podrían pedir una audiencia para solicitar su libertad bajo fianza mientras se resuelve su caso. Aun así, el panorama legal sigue en disputa y podría cambiar según lo que decida la Corte Suprema.
Cada situación migratoria es distinta. Se recomienda a las personas afectadas consultar con un abogado de inmigración con licencia o con una organización acreditada por el Departamento de Justicia antes de tomar cualquier decisión sobre su caso.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Newsweek.