Negocios · 30 de julio de 2026
Tras un fallo de la Corte Suprema que despejó el camino, el gobierno de Estados Unidos avanzó en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de un millón de personas de más de una decena de países, entre ellas unas 350.000 de origen haitiano. La medida retira los permisos de trabajo a miles de empleados y ha encendido las alarmas entre los empleadores por una posible escasez de mano de obra.
Muchos de estos trabajadores ocupan puestos difíciles de cubrir en sectores como la agricultura, el cuidado de la salud, la hospitalidad, la construcción y el procesamiento de alimentos. Empresarios de estados tan distintos como Florida y Ohio advierten que la pérdida repentina de personal capacitado dejará vacantes que no es fácil llenar, mientras la incertidumbre sobre el estatus siembra confusión entre los afectados.
Los economistas señalan que una reducción brusca de la fuerza laboral puede frenar la producción, elevar los costos operativos y, en última instancia, presionar los precios que pagan los consumidores. En una economía donde la inflación sigue siendo un tema sensible, el impacto podría sentirse más allá de las empresas que emplean directamente a estos trabajadores.
Detrás de las cifras hay familias: personas que llevan años trabajando y aportando en el país, que de un día para otro quedan sin autorización para emplearse legalmente. La decisión afecta tanto a sus ingresos como a la estabilidad de los negocios que dependen de su labor.
En el oeste de Carolina del Norte, donde la agricultura, la hospitalidad, la construcción y el cuidado de la salud también dependen de la mano de obra inmigrante, el tema es especialmente cercano. Las personas con TPS que tengan dudas sobre su situación deben consultar con un abogado de inmigración acreditado o con una organización de servicios legales reconocida antes de tomar decisiones.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Associated Press.