Política · 25 de julio de 2026
California encabeza una demanda de varios estados contra el gobierno del presidente Donald Trump por las condiciones que impuso a ciertos fondos federales de preparación ante emergencias. Los estados denuncian que la administración quiere usar ese dinero, destinado a la seguridad pública, como palanca política para presionarlos a adoptar sus prioridades en materia de elecciones e inmigración.
Según la demanda, el gobierno pretende que quienes reciben fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Grant Program) verifiquen los datos de sus votantes a través del sistema federal conocido como SAVE. Los estados sostienen que se trata de una forma de coaccionarlos para cambiar sus leyes electorales, y presentaron la acción legal contra la agencia federal de manejo de emergencias (FEMA).
A la iniciativa de California se sumaron otros estados, entre ellos Oregón. Los demandantes argumentan que condicionar recursos de emergencia a decisiones ajenas a la seguridad pública excede la autoridad del gobierno federal y pone en riesgo la respuesta ante desastres.
El caso se enmarca en una serie de disputas legales entre estados de mayoría demócrata y el gobierno de Trump sobre el alcance del poder federal, el manejo de las elecciones y la aplicación de las leyes migratorias.
Para los votantes latinos el tema es delicado: los cruces de datos de votantes a través de sistemas federales han generado temor de que ciudadanos naturalizados sean señalados por error y eliminados de los padrones. Que los fondos de emergencia lleguen sin condiciones políticas también importa a comunidades como las del oeste de Carolina del Norte, que dependen de esos recursos para recuperarse de desastres.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: AP News.