Inmigración · 4 de julio de 2026
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló el jueves 2 de julio, en una decisión dividida de 2 a 1, que el gobierno federal no puede mantener detenidos a inmigrantes indocumentados por más de 90 días sin ofrecerles una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. La decisión rechaza la política de la administración Trump, vigente desde julio de 2025, que ordenaba a los agentes migratorios mantener detenidas a estas personas hasta su deportación sin derecho a audiencia alguna.
El caso se originó con tres residentes de Texas de larga data: Ignacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel, quienes fueron arrestados por policías estatales de Texas durante paradas de tránsito rutinarias entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Los tres llevaban al menos 14 años viviendo y trabajando en Estados Unidos y tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Tras ser entregados a ICE, permanecieron detenidos sin audiencia hasta que jueces federales de primera instancia determinaron que esa falta de audiencia violaba sus derechos de debido proceso; la administración apeló esas liberaciones, lo que llevó el caso ante el Quinto Circuito.
En la opinión mayoritaria, el juez Leslie H. Southwick escribió que el único requisito es que se realice una audiencia dentro de los 90 días posteriores al inicio de la detención, en la cual el gobierno debe justificar de forma individualizada por qué la persona debe seguir detenida sin fianza, demostrando que representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga. El panel distinguió entre quienes acaban de llegar a la frontera, que pueden ser detenidos hasta su deportación, y quienes ya habían construido una vida en el país antes de su arresto, protegidos por las leyes de debido proceso. El juez James E. Graves Jr. coincidió con el resultado pero consideró que incluso 90 días es un plazo demasiado largo dadas las condiciones de detención; el juez Cory Wilson disintió. Según datos citados en la cobertura periodística del caso, los inmigrantes han presentado casi 47.000 peticiones de habeas corpus en los primeros 13 meses de esta administración, más que en las tres administraciones anteriores combinadas, y más de 400 jueces federales ya han fallado a favor de reclamos de debido proceso en más de 5.000 casos. Antes de este fallo, tres cortes de apelaciones ya habían fallado en contra de la política del gobierno y dos la habían confirmado, por lo que abogados de inmigración anticipan que el tema llegará a la Corte Suprema.
Para la comunidad latina e inmigrante del área de Asheville, este fallo es relevante porque establece un precedente sobre los derechos de las personas detenidas por ICE, incluyendo a quienes llevan años viviendo, trabajando y criando familias en Estados Unidos. Aunque la decisión aplica directamente en los estados bajo la jurisdicción del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi), refuerza el argumento legal de que la detención prolongada sin audiencia viola el debido proceso, un argumento que abogados en Carolina del Norte podrían invocar en casos similares.
Se recomienda a cualquier persona detenida por ICE o con un caso migratorio en curso que busque asesoría de un abogado de inmigración acreditado o de una organización de confianza que sirva a la comunidad inmigrante, ya que cada caso depende de circunstancias particulares y de la jurisdicción donde ocurra.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: The Texas Tribune.