Inmigración · 30 de junio de 2026
Varias organizaciones de defensa de derechos presentaron una demanda contra Ghana ante el principal tribunal de derechos humanos de África Occidental, al que acusan de ayudar a Estados Unidos a deportar personas hacia naciones donde podrían enfrentar daños graves. La acción se presentó el lunes ante la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), con sede en Abuya, Nigeria.
La demanda se interpuso en nombre de 27 de al menos 60 personas enviadas a Ghana desde septiembre bajo la política de expulsión a «terceros países» de Washington, que apunta a personas que, según jueces estadounidenses, no pueden ser enviadas directamente a sus países de origen. Según el documento, los deportados informaron que contaban con protecciones legales en Estados Unidos, pero la mayoría fue trasladada en cuestión de horas o días a los países de los que habían huido, y algunos quedaron varados en terceros países sin medios para continuar.
«Ninguna persona debería ser devuelta a un lugar donde enfrente persecución, tortura o amenazas graves a su dignidad y seguridad», afirmó Oliver Barker-Vormawor, socio principal del bufete ghanés Merton and Everett LLP, que presentó la demanda junto con la Clínica de Disputas Transnacionales de la Facultad de Derecho de Cornell y el Global Strategic Litigation Council, una coalición de organizaciones no gubernamentales. La corte es el máximo órgano judicial de la CEDEAO, un bloque regional de 12 países.
La demanda alega que Ghana viola leyes nacionales y regionales al «facilitar expulsiones a países inseguros». Ghana no ha revelado los términos de su acuerdo con Washington, más allá de confirmar que se relaciona con personas de África Occidental; poco después de que el pacto entrara en vigor, Estados Unidos revirtió las restricciones de visado que había impuesto al país africano. Los demandantes buscan obligar a Ghana a divulgar los términos del acuerdo y a no aceptar más deportados bajo ese arreglo. A inicios de junio se presentó una demanda similar ante la Comisión Africana de Derechos Humanos por las expulsiones a Guinea Ecuatorial.
Para la comunidad inmigrante de Asheville, el caso es relevante porque muestra cómo la política de deportar a «terceros países» puede afectar a personas con órdenes de expulsión, incluso cuando un juez ha determinado que no deben ser enviadas a su país de origen. Conocer estos cambios ayuda a las familias a entender sus derechos y a prepararse ante cualquier proceso migratorio.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Si usted o su familia enfrentan un proceso migratorio, consulte con un abogado de inmigración acreditado o con una organización reconocida antes de tomar decisiones. Fuente: Al Jazeera.