Inmigración · 29 de junio de 2026
La Corte Suprema de Texas bloqueó de forma temporal el programa con el que el condado de Harris, que incluye la ciudad de Houston, financia a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen defensa legal a inmigrantes en procesos de deportación. En una breve opinión de dos páginas emitida el 26 de junio, el tribunal sostuvo que existe «seria duda sobre la constitucionalidad» del programa y que no queda claro que el condado tenga la autoridad legal para llevarlo a cabo. La medida deja el fondo en pausa «hasta nueva orden», aunque los jueces aclararon que no resolvieron el fondo del caso.
La decisión abre un nuevo capítulo en la demanda que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó en noviembre de 2025 para frenar estos fondos. Paxton alega que se trata de un uso indebido de dinero público en beneficio de entidades privadas y calificó el programa de inconstitucional. Tribunales de menor instancia habían rechazado sus argumentos: tanto un juez de distrito como la Corte de Apelaciones número 15, integrada solo por jueces republicanos, fallaron en contra del fiscal. Esos jueces señalaron que proveer abogados a personas de bajos recursos es «la prestación de un servicio público necesario» y que el estado no probó ningún daño concreto tras varios años de operación.
El condado de Harris creó el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes en 2020, con una asignación inicial de 2,5 millones de dólares, y canaliza recursos a cinco organizaciones: BakerRipley, el Galveston-Houston Immigrant Representation Project, Justice for All Immigrants, KIND, Inc. y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Service. Según los registros del caso, el programa ha asistido a 373 personas en cinco años. Las autoridades locales subrayan que quienes enfrentan una audiencia de deportación sin abogado son expulsados con mucha mayor frecuencia que quienes sí cuentan con representación.
La abogada del condado, Abbie Kamin, afirmó que la jurisdicción «seguirá defendiendo este programa con firmeza», al que describió como legal y arraigado en los valores de la comunidad. El gobernador Greg Abbott, en cambio, celebró el fallo como un freno al «gasto innecesario» de los gobiernos locales. La cárcel del condado de Harris encabeza el país en órdenes de retención de ICE, en un contexto de mayor presión federal y estatal sobre la aplicación de las leyes migratorias.
Para la comunidad latina e inmigrante del oeste de Carolina del Norte, el caso es relevante porque marca una tendencia que podría replicarse en otros estados: el debate sobre si los gobiernos locales pueden financiar la defensa legal de personas sin estatus. Contar con un abogado suele ser la diferencia entre permanecer con la familia o ser deportado, por lo que conviene conocer qué recursos existen en cada comunidad.
Si usted o un familiar enfrenta un proceso migratorio, consulte siempre con un abogado acreditado o con una organización de servicios legales reconocida antes de tomar decisiones.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Fuente: Houston Public Media / The Texas Tribune.