Locales · 24 de junio de 2026
La Asamblea General de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, anuló este miércoles varios vetos del gobernador demócrata Josh Stein y convirtió en ley un paquete de medidas que prohíben las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno y las escuelas, y que amplían la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el diario The News & Observer.
Las anulaciones de los vetos se dieron en rápida sucesión, con un debate limitado a tres minutos por cada lado en cada votación. La representante demócrata Deb Butler intentó objetar las restricciones al debate, pero el presidente de la Cámara, Destin Hall, respondió que el cambio estaba dentro de las reglas. El gobernador Stein había escrito que era momento de que los legisladores «hicieran su trabajo» en lugar de «blanquear la diversidad que hace fuerte a nuestro estado» y de apartar a los agentes estatales de sus funciones para obligarlos a actuar como agentes federales de inmigración.
En el frente del DEI, la Ley House Bill 171 prohíbe a los gobiernos locales y estatales usar conceptos de diversidad, equidad e inclusión en las decisiones de contratación o dar trato diferenciado por motivos de raza, sexo, etnia u orientación sexual, entre otros. Otras dos leyes, la Senate Bill 227 y la Senate Bill 558, prohíben el DEI en las escuelas públicas K-12 y en la educación superior, respectivamente.
La medida migratoria, la Senate Bill 153, bautizada como la «Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte», exige que las fuerzas del orden estatales y locales cooperen aún más con ICE y asuman tareas de control migratorio que normalmente realizan los agentes federales. La ley se suma a una norma anterior que ya obligaba a los alguaciles (sheriffs) de los 100 condados a cumplir con las solicitudes de retención de ICE, y amplía esa cooperación a varias agencias estatales. Por ejemplo, el Buró Estatal de Investigaciones tendría que participar en el programa federal 287(g), que autoriza a oficiales estatales y locales a ejercer ciertas funciones de inmigración bajo supervisión de ICE. Además, cualquier ciudad o condado que adopte una ordenanza «santuario», es decir, que limite la cooperación con ICE, renunciaría de forma automática a su inmunidad gubernamental, quedando expuesto a demandas.
Para la comunidad latina de Asheville y del condado de Buncombe, esta legislación tiene un impacto directo, ya que aumenta la presencia de la inmigración en la vida cotidiana y en el contacto con la policía local. La representante demócrata Maria Cervania, de Raleigh, advirtió que la ley suena «dura con la inmigración», pero que en el fondo impone amplios nuevos mandatos, e hizo un llamado a sus colegas a pensar en «las personas con las que conviven y a las que representan». Ante cualquier duda sobre cómo estas leyes pueden afectar su situación, conviene que las familias conozcan sus derechos y busquen orientación de un abogado de inmigración o de una organización acreditada.
Información de carácter informativo recopilada de fuentes públicas. Para asesoría legal sobre inmigración, consulte a un abogado u organización acreditada. Fuente: The News & Observer.
